Es una cuestión de justicia que tiene que ser cumplida: en un reciente fallo el Tribunal Constitucional ha reiterado que la Municipalidad de San Isidro tiene que devolver a los vecinos el monto de arbitrios cobrado en exceso, lo que por extensión debe ser acatado por todas las comunas que incurrieron en el mismo cobro ilegal.
Se trata de una reivindicación para los vecinos, sujetos muchas veces al abuso de administraciones edilicias que no cuentan con la autorización de la municipalidad provincial o, peor aun, calculan el monto de los arbitrios en relación con el autovalúo y no, como debe ser, de acuerdo con el servicio efectivo que prestan por serenazgo, parques o limpieza pública.
Lo novedoso del nuevo fallo es que no deja espacio para que los concejos sigan dando largas a lo que es un derecho inalienable. El TC ordena que se devuelva o compense lo pagado en exceso entre los años 2000 y 2005, "pues el cobro tuvo por base ordenanzas inconstitucionales".
A partir de allí, los contribuyentes tienen que demandar a las instancias judiciales que se avengan al pronunciamiento del TC, mientras que las municipalidades deben suspender los cobros coactivos por estos conceptos irregulares. En tanto, corresponde al Congreso legislar y promover un debate técnico sobre los criterios que deben seguir las diferentes comunas en el cobro de los arbitrios, para acabar con la confusa discrecionalidad y heterogeneidad que perjudica a los vecinos a quienes deben servir.
Tenemos, efectivamente, que fomentar una nueva cultura de respeto al vecino y al contribuyente responsable, que debe ser premiado y no ser objeto de abuso o exacción. En el mismo sentido debemos entender la acotación del Indecopi a la Sunat para que el adelanto del IGV, pagado a través de las percepciones y retenciones, les sea devuelto en plazos cortos y razonables, y no luego de tres meses como mínimo, como plantea la Sunat.
Se trata de una reivindicación para los vecinos, sujetos muchas veces al abuso de administraciones edilicias que no cuentan con la autorización de la municipalidad provincial o, peor aun, calculan el monto de los arbitrios en relación con el autovalúo y no, como debe ser, de acuerdo con el servicio efectivo que prestan por serenazgo, parques o limpieza pública.
Lo novedoso del nuevo fallo es que no deja espacio para que los concejos sigan dando largas a lo que es un derecho inalienable. El TC ordena que se devuelva o compense lo pagado en exceso entre los años 2000 y 2005, "pues el cobro tuvo por base ordenanzas inconstitucionales".
A partir de allí, los contribuyentes tienen que demandar a las instancias judiciales que se avengan al pronunciamiento del TC, mientras que las municipalidades deben suspender los cobros coactivos por estos conceptos irregulares. En tanto, corresponde al Congreso legislar y promover un debate técnico sobre los criterios que deben seguir las diferentes comunas en el cobro de los arbitrios, para acabar con la confusa discrecionalidad y heterogeneidad que perjudica a los vecinos a quienes deben servir.
Tenemos, efectivamente, que fomentar una nueva cultura de respeto al vecino y al contribuyente responsable, que debe ser premiado y no ser objeto de abuso o exacción. En el mismo sentido debemos entender la acotación del Indecopi a la Sunat para que el adelanto del IGV, pagado a través de las percepciones y retenciones, les sea devuelto en plazos cortos y razonables, y no luego de tres meses como mínimo, como plantea la Sunat.
Fuente: Diario "El Comercio"
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